El Escrache se define como un tipo de manifestación pacífica en la que un grupo de activistas de derechos humanos se dirige al domicilio o lugar de trabajo de alguien a quien se quiere informar o denunciar.
Nace en Argentina en 1995. El Escrache llega España en marzo de 2013 como una reacción ciudadana hacia políticos, en este caso del PP, que gobiernan de espaldas al Pueblo y que se niegan a escuchar las voces que llegan desde la calle. Es una herramienta de protesta de acción directa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuya principal activista es Ada Colau.
La idea es sencilla pero demoledora: la ciudadanía protegiendo los derechos de la ciudadanía. El enemigo: el desahucio y, por extensión, los promotores del mismo. En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó en Febrero de 2013 en el congreso de los diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la dación en pago (entrega de vivienda como liberación de la hipoteca) fuera reconocida como herramienta legal de salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con un respaldo de 1.402.854 firmas, la ILP es una propuesta legítima del Pueblo que cuenta con respaldo legal.
Pero el PP, que todavía se quiere amparar en aquellos once millones y medio de votos (que ya no lo son ni de lejos, como tampoco ya lo son los votos de David Toscano del PP en Aljaraque) parece no tener intención de atender al Pueblo, que quiere expresar su urgencia y sufrimiento. El político se siente incómodo y opta por no escuchar a los sectores sociales más vulnerables. Al final, todas esas voces que suplicaban ayuda acaban indignadas y protestando de manera enérgica. Y razones no faltan. La protesta es un derecho legal; y mucho más cuando se han agotado las vías políticas y judiciales. Y desde los gobiernos, nacionales y/o locales, se instrumentalizan servicios públicos, como los policiales, para someter a la ciudadanía.
En Aljaraque (Huelva), el alcalde David Toscano (PP) no escucha al Pueblo al que tanto y tanto prometió y se vale de la policía para imponer su voluntad y someter a la indefensa gente de la calle. En el momento en el que cualquier ciudadano eleva el tono en un pleno municipal, Toscano (PP) ordena desalojo. Y la policía local pide el DNI a los ciudadanos que puedan estar manifestándose a las puertas del Ayto, como si de delincuentes se tratase. Los plenos del consistorio aljaraqueño cuentan con una presencia policial exagerada e innecesaria.
Nace en Argentina en 1995. El Escrache llega España en marzo de 2013 como una reacción ciudadana hacia políticos, en este caso del PP, que gobiernan de espaldas al Pueblo y que se niegan a escuchar las voces que llegan desde la calle. Es una herramienta de protesta de acción directa de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuya principal activista es Ada Colau.
La idea es sencilla pero demoledora: la ciudadanía protegiendo los derechos de la ciudadanía. El enemigo: el desahucio y, por extensión, los promotores del mismo. En este sentido, la Plataforma de Afectados por la Hipoteca presentó en Febrero de 2013 en el congreso de los diputados una iniciativa legislativa popular (ILP) para que la dación en pago (entrega de vivienda como liberación de la hipoteca) fuera reconocida como herramienta legal de salvaguarda de los derechos fundamentales de la ciudadanía. Con un respaldo de 1.402.854 firmas, la ILP es una propuesta legítima del Pueblo que cuenta con respaldo legal.
Pero el PP, que todavía se quiere amparar en aquellos once millones y medio de votos (que ya no lo son ni de lejos, como tampoco ya lo son los votos de David Toscano del PP en Aljaraque) parece no tener intención de atender al Pueblo, que quiere expresar su urgencia y sufrimiento. El político se siente incómodo y opta por no escuchar a los sectores sociales más vulnerables. Al final, todas esas voces que suplicaban ayuda acaban indignadas y protestando de manera enérgica. Y razones no faltan. La protesta es un derecho legal; y mucho más cuando se han agotado las vías políticas y judiciales. Y desde los gobiernos, nacionales y/o locales, se instrumentalizan servicios públicos, como los policiales, para someter a la ciudadanía.
En Aljaraque (Huelva), el alcalde David Toscano (PP) no escucha al Pueblo al que tanto y tanto prometió y se vale de la policía para imponer su voluntad y someter a la indefensa gente de la calle. En el momento en el que cualquier ciudadano eleva el tono en un pleno municipal, Toscano (PP) ordena desalojo. Y la policía local pide el DNI a los ciudadanos que puedan estar manifestándose a las puertas del Ayto, como si de delincuentes se tratase. Los plenos del consistorio aljaraqueño cuentan con una presencia policial exagerada e innecesaria.
Olvidan los actuales gobernantes que la democracia ampara la libertad de expresión. y que lo antidemocrático es instrumentalizar a la policía que todos pagamos para que la ciudadanía no pueda expresarse.
Y lo peor de todo es que desde las filas del propio PP se relacionen las legítimas protestas ciudadanas, encabezadas en este caso por Ada Colau, con movimientos de apoyo al terrorismo. Simplemente para poder justificar la utilización de las fuerzas policiales contra los más vulnerables.
El político se siente violentado cuando un grupo de ciudadanos a los que no ha atendido llaman a las puertas de su casa. ¿Y las personas que son desahuciadas de sus hogares por la fuerza? ¿No se sienten violentadas?
Cuando los políticos dan la espalda a Pueblo desde sus despachos o tras pantallas de plasma ¿no están propiciando los escraches?
La Web oficial de la PAH publica la siguiente noticia: "Con fecha 14 de marzo de 2013 una sentancia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea declara que el procedimiento español de ejecución hipotecaria es ilegal. Por ello se solicita a los juzgados que declaren la nulidad de los procedimientos de ejecución hipotecaria que se están tramitando en estos momentos por ser ilegales, por basarse en una ley contraria al derecho comunitario, y por tanto ilegal. Debe finalizar la violación sistemática del derecho humano a una vivienda digna y adecuada, promovido por un procedimiento basado en la indefensión de las personas afectadas, que provoca desalojos forzosos sin alternativa habitacional y genera una condena perpetua al pago de la deuda hipotecaria".
Nuestra admiración, desde la Plataforma Ciudadana de Aljaraque, hacia la impagable labor que realiza Ada Colau en nombre de la indefensa ciudadanía y hacia los miembros de la PAH de Huelva, que cuenta con un significativo numero de residentes en el municipio aljaraqueño.
Y, sobre todo, nuestra admiración para los ciudadanos/as que, de manera pacífica, protestan contra los despropósitos y la falta de humanidad del alcalde David Toscano (PP) en Aljaraque (Huelva).
